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Es un pequeño triunfo para las ONG en defensa del medioambiente. Tras un rechazo judicial inicial, Francia investigará la posible violación de derechos humanos y medioambientales de EDF y TotalEnergies en virtud de su pionera Ley del Deber de Vigilancia.

 

La justicia francesa investigará las actividades de la eléctrica EDF y la petrolera TotalEnergies para ver si vulneran derechos humanos y medioambientales. Eso sí, en casos concretos, no en su totalidad.

Se trata de una decisión basada en la llamada Ley del Deber de Vigilancia, que obliga a las grandes empresas transnacionales francesas a evaluar los riesgos humanos y ambientales de sus actividades y proponer medidas para mitigarlos.

La decisión viene del Tribunal de Apelación de París, que ha decidido examinar sobre el fondo las demandas de dos grupos de ONG contra las multinacionales, inicialmente rechazadas por un tribunal judicial.

En el caso de EDF, los representantes de la comunidad autóctona mexicana de Unión Hidalgo, en Oaxaca, habían llevado a los tribunales a la eléctrica francesa por su proyecto de levantar un parque eólico con un centenar de aerogeneradores gigantes.

Guillermo Torres, coordinador de Justicia Transnacional de la ONG ProDESC, uno de estos representantes, explica el motivo de la denuncia: “El caso fundamentalmente se entiende a partir del incumplimiento respeto al derecho a la consulta, porque la empresa tramitó diversos permisos de parte de las autoridades mexicanas y suscribió diversos contratos, sobre todo de compraventa de energía. Obtuvo por ahí exenciones de impuestos. Todo esto sin que antes la comunidad hubiera sido consultada y otorgara el consentimiento para que este proyecto pudiera instalarse en territorio de su comunidad”.

En 2022, las autoridades ya cancelaron los contratos con EDF al no considerar este proyecto viable. Aun así, la denuncia se mantuvo, porque la comunidad, más allá de la suspensión del proyecto, entiende que se tienen que asumir responsabilidades.

“En virtud de que ya se han generado violaciones a los derechos de la comunidad indígena, para los miembros de la comunidad y para ProDESC es importante avanzar con este tipo de casos, porque con independencia de las decisiones que se puedan tomar, digamos a nivel doméstico o nacional donde estos proyectos intentan ser impulsados, resulta importante también ir estableciendo la responsabilidad que las empresas tienen a propósito de estos proyectos”, concluye Torres.

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